Durante el primer Comité de Justicia Transicional de 2023, se analizaron los avances del desminado humanitario en el departamento; las prioridades de la Agenda 2040 y el Plan Nacional de Desarrollo de cara a la implementación de la Política Pública de Víctimas, el Plan de Trabajo del Comité en 2023, y el Plan de Contingencia Departamental.
El gobernador Aníbal Gaviria, destacó la aprobación del Plan de Trabajo para 2023 que incluye la revisión de los conceptos de seguridad de los municipios que cuentan con planes de retorno y reubicación; el seguimiento al Plan Departamental para la Prevención del Reclutamiento; el seguimiento a la Política Pública de Restitución de Tierras; y la protección de líderes y lideresas en el departamento.
“Sobre el tema de minas, se convocará prontamente el Comité Departamental Contras las Minas para poder trabajar las observaciones de alcaldes en detalle”, puntualizó el gobernador Aníbal Gaviria.
Frente al desminado humanitario en Antioquia, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 70,4 % de municipios del departamento se encuentran sin minas antipersona (40 libres de sospecha, 22 libres de reporte de sospecha, 26 sin reportes de afectación); el 16,8 % de los municipios se encuentran actualmente en intervención de desminado humanitario; y el 12,8 % de los municipios aún están sin intervención.
Juan Camilo Piedrahíta Ceballos, alcalde de Anorí, destacó que el desminado civil humanitario ha permitido salvar vidas en el municipio. “Pedimos a las autoridades que microfocalicen los sitios donde podemos seguir actuando en materia de desminado humanitario, teniendo en cuenta que Anorí está contaminado por MAP (Minas Antipersonal) y MUSE (Munición sin Explotar)”, afirmó el alcalde Piedrahíta, al tiempo que recordó que esta petición la hace por los escenarios de seguridad no favorables del municipio de Anorí.
Por su parte, Tatiana Katherine Betancur Carvajal, secretaria de Gobierno del municipio de Mutatá, señaló que después de este Comité de Justicia Transicional, “vamos a tener un avance significativo con relación a las apreciaciones y/o conceptos de seguridad que se pueda generar por parte del Ejército Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para que nuestros operadores puedan realizar la actividad relacionada con el desminado humanitario”. También agregó que estas acciones son muy importantes en los territorios donde se tiene una comunidad rural dispersa.
Con respecto a la reparación de víctimas, se socializaron los hallazgos para la construcción de la Agenda 2040 de cara a continuar implementando la Política Pública de Víctimas. Salud, vivienda, desarrollo rural, educación y desarrollo económico fueron aspectos identificados como prioritarios para la construcción de una Antioquia equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz.
Desde el Plan Nacional de Desarrollo, la subdirectora de Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación, María Adelaida Vélez, explicó que son 4 las grandes apuestas de la Política Pública de Víctimas: restitución de tierras; prevención y protección para poblaciones vulnerables desde un enfoque diferencial; superación de situación de vulnerabilidad para una reparación efectiva; reconstrucción del tejido social a través del diálogo, memoria, convivencia y reconciliación; y reparación colectiva para fortalecer retornos y reubicaciones. Sobre estos dos últimos puntos, destacó el trabajo participativo de la Gobernación de Antioquia con la construcción de la Agenda 2040.
La Mesa Departamental de Víctimas celebró los avances en la inversión de $1.5 billones del Plan de Acción Territorial 2020-2023 para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. “Queremos felicitar a la Gobernación por el trabajo que han hecho en todo el territorio antioqueño y el avance del 72 % en la inversión”, afirmó Néstor Darío Torres, delegado de la Mesa de Víctimas Departamental, quien también hizo un llamado a las personerías municipales y Defensoría del Pueblo para hacer una mayor pedagogía para la inscripción de víctimas con miras a las elecciones de las Mesas en el mes de octubre.
El próximo Comité de Justicia Transicional será convocado para el mes junio. En el Comité del día de hoy participaron además del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el secretario de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, Rafael Blanco; la directora de Planeación, Claudia García Loboguerrero; la secretaria de Salud, Ligia Amparo Torres; la directora de Derechos Humanos, Luz Patricia Correa; además estuvieron presentes representantes del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de Presidencia de la República; del Departamento Nacional de Planeación; la Fuerza Pública; delegados de la Mesa Departamental de Víctimas; los alcaldes de Anorí y Amalfi y representantes de las alcaldías de Argelia, Mutatá y Murindó.
El Dato
El pasado 4 de abril de 2022, durante la conmemoración del Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, en las instalaciones de Westfalia Fruit, fue oficialmente declarado el municipio de Sonsón como territorio libre de sospecha de minas antipersonal.
