En 2019, EPM entregó más de 93.000 millones de pesos a 53 municipios y tres corporaciones autónomas regionales (CAR) de Antioquia, como pago por el uso de los recursos naturales para la generación de energía eléctrica.
Estas transferencias tienen su origen en la Ley 56 de 1981 que exige a EPM y a otras generadoras entregar esos dineros por el uso que hacen del agua, así la devuelvan con posterioridad a las cuencas.
José Enrique Londoño Maya, jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y Social de Generación de Energía de EPM, explica que estos dineros hacen parte del 6% de las ventas brutas de energía que, por ley, deben entregar las generadoras de la siguiente manera: 3% para las CAR y 3% para los municipios del área de influencia de la central hidroeléctrica. Este 3% se distribuye así: 1,3% para los municipios del embalse, 0,2% para los municipios donde están las salas de máquinas y 1,5% para los municipios de la cuenca hidrográfica que surte la central.
Por ejemplo, en 2019 los diez municipios de Antioquia que más dinero recibieron de EPM por estas transferencias fueron Carolina del Príncipe, $5032 millones; Santa Rosa de Osos, $4285 millones; Amalfi, $4068 millones; San Rafael, $2904 millones ; El Peñol, $2671 millones; Gómez Plata, $2444 millones; Guatapé, $2399 millones; Guadalupe, $2041 millones; Entrerríos, $1973 millones, y San Pedro de los Milagros, $1581 millones.
Ese mismo año, las corporaciones autónomas del departamento recibieron en conjunto más de $45 mil millones: Corantioquia, $31.394 millones; Cornare, $14.311 millones, y Corpourabá, $482 millones.
Aunque la ley que regula las transferencias es de 1981, fue con la Constitución de 1991 y con la Ley 99 de 1993 que la sociedad empezó a tener mayor participación y control en el manejo de estos recursos. «La comunidad es una aliada clave porque tiene poder no solamente para hacer veedurías a esos recursos, sino también para definir en qué se invierten. Puede presentar proyectos a las corporaciones y pueden influir, mediante los mecanismos de participación, en los presupuestos municipales», señala Londoño Maya.
«Nosotros fortalecemos las comunidades con nuestros aliados en los municipios, las capacitamos para que aprendan a formular proyectos, para que notifiquen cuáles son las necesidades básicas en materia ambiental y de saneamiento. También por eso divulgamos cuáles y cuántos son los montos que se entregan mediante las transferencias», explica.
Todo esto, además, porque los recursos que transfieren las generadoras a los municipios y a las Corporaciones Autónomas Regionales no pueden ser utilizados de cualquier manera, pues la legislación establece que son de destinación específica.
«Los municipios deben invertir esos dineros en lo que está previsto en el plan de desarrollo local y en este tienen que darles prioridad a los proyectos de saneamiento básico y de mejoramiento ambiental», afirma el jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y Social de Generación de Energía de EPM.
En el caso de las CAR, «tienen que aplicar esos recursos en la protección y defensa de la cuenca que surte el embalse para la generación de energía y en el área de influencia del proyecto, es decir los municipios aguas arriba», agrega el funcionario.
Londoño insiste en que para garantizar la correcta destinación de esos recursos, es necesario que los habitantes de los municipios sepan de su existencia, pero además que se empoderen para participar en la toma de decisiones y vigilar el uso que dan a esos dineros las administraciones municipales y las Corporaciones Autónomas.
Fuente: EPM
