Ante el incremento del sacrificio ilegal de animales en espacios que no garantizan la salubridad de la carne y generan una reducción de los ingresos por impuesto de degüello, se reunieron en una mesa de trabajo representantes del sector ganadero en el departamento, con el fin de analizar esta problemática y establecer rutas de acción para atenderla.
Según los datos recopilados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre los años 2022 y 2023 se pasó de 451.594 a 427.758 bovinos sacrificados, una diferencia de 23.863, lo que indica el incremento del sacrificio ilegal que se traduce en una pérdida en ingresos para el Fondo de Impuesto de Degüello de más de 3.177 millones de pesos.
“Lamentablemente el sacrificio ilegal se ha venido disparando y eso pone en riesgo la salud de los antioqueños, el propósito es que la carne que consuman los antioqueños sea producida y llegue a sus mesas en condiciones de salubridad e inocuidad”, expresó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rosa Acevedo.
La funcionaria departamental destacó que entre las estrategias que serán implementadas para atacar la problemática están los foros subregionales con la presencia de mandatarios municipales, secretarios de gobierno, ICA, Invima, Procuraduría Provincial Agraria, entre otros, para visibilizar esta situación y generar soluciones conjuntas que aporten a la erradicación y minimización de sus impactos negativos.
La secretaria de Agricultura agregó que además de afectar la salud, el sacrificio ilegal genera gran impacto en la reducción de los ingresos por impuesto de degüello, lo que reduce las posibilidades de inversiones previstas para atender el Plan de Modernización de la Ganadería, e impide que ese impuesto se reinvierta en el sector, en la implementación de sistemas silvopastoriles y de ganadería sostenible y regenerativa en el departamento.
José Cárdenas, gerente del Frigorífico de Urabá, señaló las dificultades que esta práctica ilegal trae a las plantas de beneficio animal legalmente constituidas y explicó que esta situación se ha visto reflejada en la disminución de los animales que ingresan a los frigoríficos y por ende, en la reducción de los ingresos con sus correspondientes consecuencias como la pérdida del empleo formal, además de los problemas de salud pública. «Esto porque está llegando carne en condiciones no aptas para el consumo humano a la mesa de los antioqueños”, dijo.
En la reunión estuvieron representantes de plantas de beneficio de San Carlos, Puerto Triunfo, Cañasgordas, Fredonia, Sonsón, Bello, Policía Ambiental, Porkcolombia, Central Ganadera, y por parte de la Gobernación de Antioquia, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Hacienda.
Fuente: Gobernación de Antioquia
